La gran paradoja de Haití

En las calles de Puerto Príncipe no hay nadie con mascarilla, y en las zonas rurales mucho menos. La pandemia hace un año que ha dejado de ser un tema de conversación habitual. En Haití el virus ha tenido un impacto mínimo en la población.

El Ministerio de Salud Pública dejó de publicar boletines diarios el pasado 9 de abril. El total de casos detectados desde el inicio de la pandemia en este país fue de 12.918, con un total de 251 muertes confirmadas por COVID-19. Desde el 11 de marzo no ha muerto nadie.

Mientras el mundo se paralizó en el 2020, y se está abriendo con mucha lentitud en el 2021, Haití apenas ha visto alterar su estilo de vida. Parece una estupenda oportunidad para recuperar terreno perdido en materia de desarrollo nacional. Para mantenerse funcionando mientras los demás se han detenido.

Pero la gran paradoja de este país caribeño es que cuando algo se calma, siempre surgen otros conflictos que acaban con dominar la agenda nacional. Y desde hace dos años, Haití se sumerge cada día más profundo, en una espiral de violencia y crisis entre posiciones políticas, y el crecimiento sin control de bandas armadas que aterrorizan a la población.

Crisis política

El joven presidente haitiano Jovenel Moïse despertó una enorme esperanza en la población, al convertirse en el primer candidato en décadas en conseguir ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, con un 55% de los votos, en 2016.

Al llegar al poder se encontró con las restricciones de un complejo sistema de cámaras legislativas con gran poder, que impiden tomar decisiones y crear políticas públicas. Esta es una reforma pendiente del sistema legislativo haitiano compartida por todos, pero que solo podía impulsarse por un mandatario con alto respaldo popular, como tenía Moïse en 2017.

Se destapó, sin embargo, en 2018 un escándalo de corrupción, ligado a subvenciones de petróleo venezolano del esquema Petrocaribe, en el que se demostró que Moïse había estado implicado. Y desde entonces surgió una enorme protesta popular demandando el fin de la corrupción, y la devolución del dinero robado.

Lo que comenzó como una protesta popular, bajo el lema “kot kob Petrocaribe a” (¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?) degeneró en 2019 en una revuelta organizada por partidos de la oposición bajo el lema “Peyi lock” (País paralizado) que dejó la nación cerrada por semanas por grupos políticos sin control, exigiendo la dimisión del presidente. La moneda nacional se devaluó entonces un 70% con el dólar, y el Estado no fue capaz de pagar la compra de combustible generando una gran escasez.

Jovenel Moïse se negó a dimitir, y tampoco fue capaz de movilizar a la Policía nacional para controlar la situación de inseguridad y desorden. La misma policía protagonizó una huelga en demanda de salarios y servicios sociales. La Policía es la única fuerza de seguridad del Estado desde que los Estados Unidos desmantelaran el ejército en su última intervención militar en 1995. Y las fuerzas de seguridad de la ONU llamadas MINUSTAH, que mantenían un control de la seguridad en puntos clave del territorio haitiano, abandonaron el país en 2017.

Crisis de grupos armados

Ante el vacío de poder evidente, y la inactividad de la Policía, numerosos pequeños grupos de delincuentes comenzaron a organizarse en bandas para cobrar peajes en caminos, robar, asaltar comercios, y secuestrar personas por un rescate. Y aun peor, comenzaron a pelear entre ellas para controlar territorio, asesinando enemigos de bandas contrarias.

Creciendo sin ningún tipo de control, se calcula que existen hasta 250 bandas de este tipo, que cada día tienen menos miedo para extorsionar y secuestrar. Los objetivos principales son los extranjeros, los empresarios haitianos, y cada vez más profesionales y personas de clase media.

Y en la pasada Semana Santa se cruzó la última línea roja con los ataques a la Iglesia Católica, que había sido respetada hasta entonces.

Un grupo de pandilleros armados interrumpió una misa de Jueves Santo para robar, y la pasada semana, otra banda secuestró a cuatro sacerdotes, dos religiosas y tres laicos que viajaban juntos. Piden un rescate de un millón de dólares. Entre los secuestrados está el Padre Hugues Batiste, colaborador de proyectos de Cáritas Española en Haití, de la Archidiócesis de Cabo Haitiano.

El presidente de Cáritas Española, Manual Bretón, escribió el pasado domingo una carta de solidaridad y apoyo al arzobispo de Cap Haitien, Launay Saturné.

Foto: La foto es de diciembre de 2020, en la Clinica Sain Malachy de Port Margot (Haiti), apoyada por Cáritas Española. Nadie usa mascarilla. © JuanMa Parrondo.