Las entidades sociales ven luces y sombras en la reforma del Reglamento de Extranjería
Alertan sobre las graves consecuencias para las más de 190.000 personas solicitantes de asilo que se encuentran pendientes de resolución o admisión
Desde hace más de cuatro años, la alianza formada por Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Fundación Cepaim, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes ha estado monitoreando de cerca las reformas del Reglamento de Extranjería. Durante este tiempo, han presentado propuestas concretas a los ministerios implicados para abordar las vulnerabilidades que afectan a miles de personas migrantes a las que ofrecen acompañamiento.
Las entidades lamentan que, a pesar de haberse abierto canales formales de escucha, las propuestas de la sociedad civil apenas han tenido impacto en la norma aprobada.
Como aspectos positivos destacan que el desarrollo de los visados facilitará que las personas puedan llegar a España con las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias desde su país de origen y que la flexibilización de determinados requisitos permitirá la regularización de algunas personas extranjeras que estén sin autorizaciones en territorio español. Por ejemplo, en el caso del arraigo social se reduce un año el tiempo de residencia exigido para poder solicitarlo y el arraigo socioformativo permite trabajar hasta 30 horas mientras se realiza la formación y una vez finalizada se podrá cambiar el permiso de residencia por uno de trabajo presentando una oferta o contrato laboral. Sin embargo, se mantiene que para un número muy importante sea necesario vivir al menos dos años de manera irregular para poder acceder a una autorización de residencia y trabajo.
Las entidades alertan especialmente sobre las graves consecuencias que tendrá la aplicación del Reglamento para miles de solicitantes de asilo a las cuales se les deniega dicha solicitud. Según la Oficina de Asilo y Refugio, más de 190.000 personas solicitantes de asilo se encuentran pendientes de resolución o admisión y estiman que podrá dejar en situación administrativa irregular en torno al 88% de las personas a las que no se les reconoce el estatuto de refugiadas, según las datos de años anteriores.
Estas personas, durante el periodo de tramitación de la solicitud, que suele estar entre uno y dos años, cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en el Estado español. Con la reforma del Reglamento, la denegación de la solicitud de asilo supondrá no solo la pérdida de esta autorización sino que, durante el primer año de vigencia del Reglamento, tendrán que permanecer seis meses en situación irregular si quieren solicitar los permisos por arraigo, una vez pase este tiempo, deberán esperar dos años más para poder solicitar las autorizaciones, porque no se les reconocerá el tiempo de residencia previo.
De esta forma, el nuevo Reglamento de Extranjería genera que personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando, y desarrollando sus proyectos de vida con reconocimiento de derechos en España, sean penalizadas dejándolas en situación administrativa irregular, perdiendo los derechos reconocidos.
Con esta decisión, el Gobierno pretende desincentivar a las personas para que no soliciten protección internacional en España. Intenta de esta forma reducir el número de solicitudes para dar respuesta a la falta de capacidad de la Administración para tramitar y acoger al creciente número de personas que se ven forzadas a huir su país de origen y buscar protección en España.
Se genera de esta manera una inseguridad jurídica profunda que contradice las manifestaciones realizadas por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que afirmó que la reforma “representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España”.
Las entidades sociales señalan que, además de crear nuevas situaciones de irregularidad administrativa, este Reglamento no va a resolver de manera inmediata la situación de irregularidad de miles de personas y por ello destacan la necesidad de aprobar en paralelo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria como vía para garantizar derechos a miles de personas que viven y trabajan en nuestro país.
